FF.AA. BOLIVIANAS ENCUBREN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD AL INCUMPLIR ORDEN JUDICIAL DE APERTURA DE SUS ARCHIVOS
El 23 de febrero ante el incumplimiento por cuarta vez, por parte del Alto Mando militar de una orden judicial que ordena la desclasificación del escalafón de las FF.AA. y la entrega a una Comisión de Fiscales de toda la documentación relativa a las desapariciones de Juan Carlos Flores Bedregal, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Renato Ticona Estrada; Marta Montiel; hija del desaparecido Tirso Montiel y yo, Olga Flores nos declaramos en huelga de hambre en las puertas del Estado Mayor del Ejército.
El viernes la Comisión de Fiscales encabezada por el Dr. Milton Mendoza ingresó al Gran Cuartel; al medio día, informó que luego de una ardua negociación de casi dos horas finalmente vieron los archivos y que en la tarde se terminaría de ver el material y se produciría la entrega. Dado que aún no teníamos evidencia de esto, continuamos nuestro ayuno hasta que al finalizar la tarde la Fiscal Dra. Mirna Arancibia nos informó que la orden judicial fue cumplida parcialmente, porque efectivamente se les mostró los papeles pero que recién el lunes se les entregaría la documentación.
El lunes 1 de marzo las FF.AA. entregaron al juez tres sobres que, según dicen, contienen el requerimiento judicial emitido a solicitud de la fiscalía. La orden judicial solicitaba la entrega del escalafón militar de toda la gestión 1980 y por lógica y sentido común podemos afirma que el Alto Mando militar NO HA CUMPLIDO la orden judicial.
La documentación fue entregada bajo el compromiso de guardar reserva de acuerdo al Art. 98 de la Ley Orgánica de las FF.AA. por lo que llama la atención que el Vicepresidente Alvaro García diga que ha sido entregada toda la información requerida por el juez y considere que “el fiscal se está extralimitando” al requerir la incautación como manda la ley, en todo caso el que se estaría extralimitándose es él, pues no es competencia del Vicepresidente intervenir en las investigaciones del Ministerio Público, y además intenta descalificar la legitimidad de nuestra demanda al decir que se quiere politizar el tema!! -al viejo estilo militar.
A partir de esa incautación, si es que se produce, comienza un largo camino de investigación que deberá cumplir el Ministerio Público, hacer lo que no hizo en 30 años. Sería además un hecho inédito y muy significativo a nivel Latinoamericano porque así podríamos conocer cómo operaron los ejércitos y demostraría que las FF.AA. ya no gozan de privilegio
DESCLASIFICACIÓN YA!!!
No se ha producido una verdadera desclasificación, como deberíamos demandar para esclarecer negras páginas de nuestra historia. Conocer el escalafón ha de permitir saber exactamente como fue organizado el golpe y la responsabilidad de cada militar en aquel acto delictivo, quien mando bombardear los centros mineros y quien directamente ejecutó aquel genocidio. Vamos a saber quienes fueron los militares extranjeros que operaron en el golpe, cuáles fueron los acuerdos del Plan Cóndor. Conoceremos esas órdenes de servicio para allanar domicilios y los reportes donde los represores informaban a sus superiores sobre detenciones ilegales y operativos. La desclasificación hasta nos dará acceso al registro y seguimiento que hacía el Departamento II de Inteligencia, a quienes nos opusimos a la dictadura desde la clandestinidad.
Por ello resulta inexplicable por qué los organismos de derechos humanos en Bolivia (agrupados en la Comunidad de DD.HH) NO estén de acuerdo con nuestros esfuerzos por la desclasificación y por el contrario, hayan tenido el descaro de afirmar públicamente y ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que ya se han desclasificado los archivos militares!!!
El tener acceso a la información es un derecho consagrado en nuestra nueva Constitución, en consecuencia está por encima de lo que manda la Ley Orgánica de las FF.AA. y es una necesidad histórica.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, JUSTICIA YA!!
A 30 años del golpe militar y no obstante ser un delitos de orden público, siguen impunes los asesinatos del padre Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal, Gualberto Vega por decir unos. Si bien fueron condenados Luis García Meza, Luis Arce Gomez y una veintena de represores golpistas, en el juicio de responsabilidades, se debe señalar que se sigue manteniendo un pacto de silencio e impunidad. El asesino probado de Marcelo Quiroga Santa Cruz; el oficial Froilan Molina Bustamante que tiene ya una condena en primera y segunda instancia, está libre pues insólitamente los jueces no han dispuesto ninguna medida cautelar y él tiene el descaro de insultarme en la calle.
A 10 años de un proceso judicial contra 25 individuos, 9 sobreseídos sin justificativo, 6 absueltos porque a criterio del juez Angel Arias “no se tiene prueba plena”, porque él no acepto en la fase de pruebas proceder a la desclasificación. Esto fue enmendado en la fase de apelación pero infelizmente la Corte Superior del Distrito de La Paz se sometió a voluntad castrense.
No se puede administrar justicia sin conocer la VERDAD, por ello es imprescindible que la el Tribunal Supremo de Justicia antes de dictar su resolución sobre el recurso de casación que hemos presentado la familia de Marcelo Quiroga y de Juan Carlos Flores emita previamente un AUTO MOTIVADO PARA LA DESCLASIFICACION DE LOS ARCHIVOS MILITARES. Esto es por justicia, por lógica y sentido común y sobre todo por mandato constitucional.
En este sentido, para quienes se solidarizan con esta causa humanitaria, les proponemos se dirijan al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Dr. Julio Ortiz Linares, solicitando la desclasificación, el fin de la impunidad y la celeridad en la administración de justicia.
Con tu apoyo y acción creo que lograremos ENCONTRARLOS. Sigamos trabajando HASTA ENCONTRALOS!!!
